El narcotráfico guía la política continental de Washington
Las denuncias contra los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia muestran que el crimen organizado es el verdadero motor de la estrategia norteamericana
por Eduardo J. Vior
«Estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como en la frontera Norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico…” El fallido de Mauricio Macri en su discurso del 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa fue revelador de la colusión entre el gobierno de Cambiemos, los medios hegemónicos, el núcleo central de la Justicia Federal y el narcotráfico administrado por norteamericanos e israelíes, tal como lo evidencia la investigación judicial sobre los desmanes de Marcelo D’Alessio Israelson. El narcotráfico ha dejado de ser una mera actividad criminal, para convertirse en el motor de la dominación imperial.
Venezuela está hoy tratando de superar los efectos del apagón que desde el pasado jueves 7 dejó al 70% del país sin electricidad. Si bien los técnicos de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) comenzaron el sábado a restablecer la conexión, las caídas se repitieron y el pasado martes 12 todavía había zonas sin luz. En distintas partes se reportaron saqueos a supermercados y tiendas, pero en general la situación permaneció pacífica.
Según el gobierno bolivariano, originariamente el control automatizado de regulación del sistema de la Central Simón Bolívar, conocida como El Guri, sufrió una agresión cibernética a la que siguieron ataques a otras 180 subestaciones. El Vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez acusó por el ataque al senador cubano-norteamericano Marco Rubio, al secretario de Estado Mike Pompeo y al autoproclamado presidente Juan Guaidó.
De acuerdo a Ecoanalítica, el atentado costó a la economía venezolana 875 millones de dólares. En una confesión indirecta, el domingo Forbes escribió que los sabotajes eléctricos se realizan para “socavar a Estados foráneos”. Por más que el sistema eléctrico venezolano está debilitado por la falta de inversiones, las sanciones norteamericanas y errores de gestión, sólo la hipótesis del atentado puede explicar una caída tan masiva. Frente a esta agresión, el presidente Nicolás Maduro suspendió las clases y las jornadas laborales entre el viernes 8 y el miércoles 13 de marzo.
Con el apagón se busca agudizar las vulnerabilidades del país y medir su capacidad defensiva. El ataque ocurrió, cuando la economía comenzaba a recuperarse. Una baja de los precios en alimentos ha reducido la crispación de principios de año, mientras que la reestructuración del mercado cambiario logró contener la suba de las divisas en el mercado negro. Por estas mejoras, pero también por la disciplina y organización de la población, se ha impuesto la calma. Fue así que las movilizaciones convocadas por la oposición para el martes 12 fracasaron completamente.
En este contexto, la cancillería venezolana ordenó el retiro del personal diplomático norteamericano, después de que fracasó el diálogo entre ambos países para el mantenimiento de una oficina de contacto. La medida perjudica ante todo a los norteamericanos y a Juan Guaidó, quien necesitaba la permanencia de la oficina de contacto, para sugerir que su “gobierno” mantiene relaciones diplomáticas normales con Washington. Similar efecto negativo tuvo la publicación en The New York Times del domingo de una investigación que demuestra que fueron agitadores antichavistas quienes el 23 de febrero pasado incendiaron dos camiones con “ayuda humanitaria” en la frontera colombo-venezolana.
La estrategia confrontativa del liderazgo opositor venezolano ha fracasado y Washington debió asumir la iniciativa con ataques como los del Guri, sabotajes y terrorismo.
El pasado jueves 7 el gobierno norteamericano acusó nuevamente al ministro de Industria venezolano Tarek El Aissami por narcotráfico, hecho ya negado en numerosos ocasiones y para el cual no hay pruebas. Por el contrario, El Aissami fue –entonces, como Vicepresidente de la República- quien en 2017 informó que, después de la expulsión de la DEA en 2005 se había detenido a cientos de jefes de bandas de narcotráfico y habían aumentado geométricamente los decomisos.
No hay evidencia alguna de que el gobierno venezolano, como tal, esté implicado en el tráfico de drogas, aunque Venezuela tiene en el mismo una posición estratégica, ya que está en la ruta desde Colombia hacia EE.UU. y África Occidental (Senegal), por donde sigue hacia Europa. Pero, además, el país abastecía antes a Colombia la gasolina imprescindible para la elaboración de la cocaína. La coca peruano-boliviana, los laboratorios colombianos y el diluyente venezolano son componentes insustituibles e inseparables de la economía de la droga. Tanto más han golpeado al narcotráfico la estatización de PDVSA a partir de 2003 y el control del cultivo de coca en Bolivia dispuesto por Evo Morales. No obstante, el bajísimo precio de la gasolina en Venezuela sigue induciendo su contrabando a Colombia por las “trochas” (los pasos fronterizos clandestinos) y hace muy difícil el control del contrabando y del tráfico en la frontera.
Múltiples investigaciones han demostrado que la DEA no combate el narcotráfico sino que lo administra, para mantener viva la epidemia internacional de drogadicción, destruir las economías de los países controlados, sostener a bandas criminales, grupos paramilitares y financiar todo tipo de operaciones ilegales con las pingües ganancias resultantes. De este modo el Estado norteamericano puede operar en numerosos países sin aumentar su gasto público ni pedir permiso al Congreso. Sin embargo, la red de intereses nacionales e internacionales alimentada por esta economía ha desarrollado una dinámica propia. El narcotráfico ya no es más un mero instrumento de la política norteamericana y se ha convertido en su impulsor, al menos en América Latina.
La revista colombiana Semana denunció en su último número que “tanto el presidente Duque como el fiscal general de la Nación y el ministro de Defensa parecen, y a lo mejor son, funcionarios de la DEA”. En tanto, el pasado lunes 11 Paraguay expulsó a Brasil a Thiago Ximenes, presunto narcotraficante y aparente miembro del Primer Comando Capital (PCC), después de que Argentina se negara a pedir su extradición. También el martes 12 se reunió la comisión bicameral del Congreso paraguayo que citó a declarar al expresidente Horacio Cartes por sus vínculos con el cambista y banquero brasileño-paraguayo Dario Messer, hoy prófugo de las justicias de Brasil y Paraguay. El financista, muy cercano al primer ministro israelí Benyamin Netanyahu, está involucrado en el lavado de dinero del narcotráfico en todo el Cono Sur y durante años hizo lobby por Israel. Políticos de la mayoría conservadora, ganaderos del centro-oeste de Brasil y grandes iglesias pentecostales lavan ganancias por narcotráfico.
Finalmente, en Argentina el aparente espía de la DEA Marcelo D’Alessio Israelson continúa detenido y acusado por el juez Ramos Padilla de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a empresarios y a espiar a periodistas. En el expediente se demuestra que servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes intervienen en la política argentina, manipulan la justicia y los medios, administran el tráfico de drogas y secuestran personas que sacan ilegalmente del país. Especialmente interesante es una comunicación entre D’Alessio y el venezolano-argentino Alejandro Goldenberg (representante de Guaidó en Argentina), reproducida en el expediente, en la que el primero ofrece al segundo “extraer” a personas en un avión de 16 plazas que tiene disponible, o sea sacar ilegalmente de Argentina a personas secuestradas para interrogarlas bajo tortura. Ahora bien, un avión de ese tamaño no llega más allá de Paraguay donde, evidentemente, tienen su base y sus centros de detención ilegal.
El ataque contra Venezuela tiene como finalidad principal controlar su petróleo y con él presionar a Rusia, por lo que ésta ya ha advertido que no dejará caer al gobierno bolivariano. Pero el control sobre sus hidrocarburos apunta también a abastecer la industria de la cocaína que sostiene la política de EE.UU. e Israel en el continente. Sin embargo, más allá de los déficits democráticos que puedan achacarse al gobierno venezolano, es evidente que su pueblo sigue firme y disciplinado y que no se deja llevar por provocaciones. Quizás la fuerza moral de los pueblos sea la barrera más fuerte que se pueda oponer al narcoimperialismo.
