Para salvar empresas, Merkel y Macron abandonan los dogmas

Ante la crisis mundial, las derechas europeas y sus elites empresarias discuten por interés y por poder, a diferencia de las latinoamericanas, tan afectas a la ideología

por Eduardo J. Vior

Cuatro países de la Unión Europea expresaron este sábado 23 su oposición al plan franco-alemán, para crear un fondo de 500 mil millones de euros para la recuperación de la economía europea. A diferencia del plan propuesto por Angela Merkel y Emmanuel Macron, que buscaba subvencionar la recuperación con una ampliación del presupuesto, Austria, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos prefieren crear un fondo basado en préstamos. Los firmantes rechazan compartir la deuda de las economías más afectadas y aumentar el presupuesto de la Unión Europea.

Previamente, el lunes 18 Angela Merkel y Emmanuel Macron habían propuesto en una conferencia virtual que la UE adopte un plan de reconstrucción económica del bloque por un valor de 500 mil millones de euros. Con este monto se sostendrían proyectos comunes en infraestructura física y digital, así como en la reforma ecológica de la economía europea. Más fuerte que la discusión sobre el equilibrio fiscal de la Unión, empero, pesa el temor de los países pequeños y medianos a que las dos potencias mayores de la Europa unida retomen el liderazgo del continente. En esta discusión –a diferencia de muchas que se dan aquende el Atlántico- hay poco de ideología y mucho de poder e intereses.

Pocos países están poniendo tanto dinero para recuperar sus economías devastadas por la crisis como Alemania. Se estima que su Producto Bruto Interno (PBI) se reducirá en 2020 entre un 6 y un 8 por ciento. Para disminuir el daño, se adoptaron distintas medidas de aislamiento y prohibiciones de circulación de personas y bienes que afectaron toda la vida económica. Al mismo tiempo, la Canciller Angela Merkel logró que la industria alemana produjera un test diagnóstico para detectar rápidamente y aislar a los contagiados. Gracias a masivos testeos y al equipamiento de las clínicas con respiradores, Alemania pudo aislar a los infectados, reducir las muertes y aminorar las limitaciones a la circulación. De ese modo, aunque hasta el 20 de mayo registró 178 mil infectados, sólo debió lamentar 8233 muertes.

Para mitigar los efectos de la paralización, el gobierno federal puso en marcha un programa de ayudas por un volumen de 353,3 mil millones de euros. A estas transferencias se suman otros 819,7 millones en garantías para los créditos que las empresas contraigan. Además, se dispusieron reducciones impositivas y diversas líneas de crédito del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW, por su nombre en alemán). Con un criterio eminentemente económico, además de sanitario, se destinaron 55 mil millones de euros para la lucha contra la pandemia, cuidando las finanzas de clínicas y hospitales (estatales o confesionales) con la intención declarada de reducir los costos macroeconómicos de la pandemia.

Un instrumento central de la política laboral al que se ha echado mano ha sido el subsidio de desempleo parcial, con el que el Estado paga una parte de los sueldos y salarios caídos por una paralización temporaria de una empresa. Sin embargo, la iniciativa más audaz del gobierno de la Gran Coalición es la creación del Fondo para la Estabilización de Empresas.

El 25 de marzo pasado el Bundestag promulgó la ley de creación de un Fondo de Estabilización de las Empresas (WSF, por su nombre en alemán) que entró en vigencia el 28 de marzo. El mismo tiene como finalidades reducir los efectos negativos de la pandemia sobre las empresas, superar problemas de liquidez, ayudar al refinanciamiento en el mercado de capitales y, sobre todo, sostener la capitalización de las empresas. El WSF se compone de 400 mil millones de euros en garantías estatales para que las empresas puedan afrontar sus obligaciones, 100 mil millones de euros en participaciones estatales directas y 100 mil millones de euros para la refinanciación de los programas especiales de financiamiento del KfW. Hasta ahora se aprobaron 40.000 solicitudes de ayuda (el 99% de las solicitadas) por un volumen de 20 mil millones de euros.

El aspecto del Fondo que más ruido internacional ha generado ha sido el relativo a las participaciones estatales directas en algunas empresas. Estas medidas de recapitalización buscan fortalecer las reservas de las firmas, para asegurar su solvencia. Comprenden la compra por el Estado de los títulos y las acciones diversas que fueran necesarias para la estabilización de las firmas. El WSF pretende servir casi exclusivamente para la estabilización de empresas de la economía real cuya desaparición podría tener graves efectos sobre el peso económico de Alemania en el mundo o sobre su mercado de trabajo. Para tener derecho a recibir ayudas del Fondo las empresas que lo requieran deben en los dos años anteriores al 1º de enero de 2020 haber tenido balances totales por más de 43 millones de euros, haber realizado ventas netas anuales por más de 50 millones de euros y/o haber tenido más de 249 personas empleadas en el promedio del año.

Sobre las solicitudes de las empresas deciden los ministerios de Finanzas y de Economía y Energía, pero considerando el significado de la empresa para la economía alemana, la urgencia, los efectos de la decisión sobre el mercado de trabajo y sobre la competencia. En la ley de creación del Fondo los criterios según los cuales el Estado federal puede participar en empresas se han redactado a propósito de un modo vago, para que ningún salvataje fracase por formulaciones demasiado precisas. Tanto Lufthansa como Cóndor, quizás autopartistas o incluso Daimler pueden necesitar ayudas. También empresas pequeñas, pero de alta tecnología, como el fabricante de vacunas Curevac, están bajo observación.

El Fondo es financiado por los presupuestos del gobierno federal, de los gobiernos estaduales, las comunas y las cajas de la previsión social. En la prestación de sus ayudas se diferencia entre los pagos que efectivamente se realizan y las garantías que, se supone, no habrá que desembolsar. Las primeras ascienden a 453 mil millones de euros, mientras que las segundas se calculan en 820 mil millones.

Entre las grandes empresas en riesgo sobresale especialmente Lufthansa. Desde el comienzo de la cuarentena el gigante tiene el 90% de sus aviones en tierra, no sabe cuándo volverá a volar y, además, debe responder por los pasajes vendidos antes de la paralización. Desde fin de marzo se viene negociando sobre el salvataje del Estado, pero todavía sin resultados concretos. En el gobierno hay mucha disputa sobre el carácter permanente o transitorio del aumento de participación del Estado en la aérea y qué tipo de acciones recibiría. Bruselas, a su vez, quiere asegurarse de que la ayuda gubernamental no perjudique a sus competidoras europeas.

“En los meses venideros habrá quiebras de empresas y pérdida de empleos”, anunció en tanto el viernes 23 el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire. “Aunque la economía está poniéndose nuevamente en marcha, el relanzamiento se hace a ritmos desiguales”, añadió. Para impulsar la salida de la crisis, el gobierno prevé reducir paulatinamente el subsidio al desempleo. De ese modo pretende forzar a los empleadores a crear trabajo y a los trabajadores a demandarlo. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, desde principios de marzo el Estado ha pagado total o parcialmente los salarios de 8,6 millones de personas.

El anuncio del ministro de Economía se dirigía también a las grandes empresas que aprovechan este tipo de crisis para cerrar plantas y adaptar sus estructuras para mejorar su competitividad futura. Típicamente, el miércoles se supo que Renault planea cerrar en Francia cuatro fábricas y así ahorrar dos mil millones de euros. El gobierno, empero, quiere limitar esta nueva pérdida de puestos de trabajo que recargarían aún más su presupuesto. En otra entrevista dada el mismo viernes, el funcionario reconoció que la mayor empresa de Francia (en la que el Estado tiene históricamente el 15% de las acciones) está en dificultades serias, pero vinculó el otorgamiento de cinco mil millones de euros de ayuda a la promesa de los dirigentes de la empresa de convertir a Francia en “el primer centro mundial para la producción de vehículos eléctricos”.

Se trata de un póquer con cartas marcadas: la empresa amenaza con el cierre de plantas y el despido de miles de trabajadores, para obligar al gobierno a otorgarle la ayuda prometida y éste anuncia que reducirá los subsidios de desempleo y que vincula el otorgamiento del auxilio a la transformación “verde” de las líneas de producción del gigante automotor.

En Francia el Estado ha intervenido a partir del 25 de marzo para salvar empresas utilizando la Banca pública de inversión. Para ello se ha puesto en marcha un mecanismo de garantías. Este dispositivo, de 300 mil millones de euros, permite a las empresas obtener créditos equivalentes hasta a un trimestre de actividad y desembolsarlos un año más tarde. Esta decisión ha limitado la suba del paro y la baja del poder de compra. Además se ha exceptuado a las empresas de pagar cotizaciones sociales e impuestos.

En Francia se está discutiendo sobre la salida de la crisis entre una opción liberal, que espera que pasada la pandemia todo vuelva a ser como antes, y una opción social y ecológica, que supone que es necesario organizar la reconversión de la economía y del mercado de trabajo. En lo que concierne a las grandes empresas no queda otra alternativa que el Estado se convierta en accionario. En Francia el Estado tiene el derecho de nacionalizar (hay numerosos precedentes), es decir, tomar una parte suficientemente importante del capital como para poder comandar una reconversión. En tanto, el Estado no puede nacionalizar las empresas más pequeñas, pero puede poner en ejecución planes masivos de ayudas a los respectivos sectores inyectando subsidios para la reconversión, para la formación de personal e incluso para la investigación.

A fin de marzo Le Maire afirmó que no tenía miedo de usar la palabra “nacionalización” para “proteger el patrimonio industrial francés”. Sin embargo, desde fin de abril el gobierno francés ha moderado mucho su discurso y hoy en día “nacionalización” sólo significa abrazar a las mayores empresas del país para que no se caigan.

Aun cuando no faltan las andanadas retóricas, la discusión sobre las medidas a tomar para reconstruir las economías después de la pandemia giran en Europa mayormente en torno a argumentos de poder y de interés y se evitan las retahílas ideológicas tan al uso en América Latina. Es que las derechas y las elites empresarias europeas siguen vinculadas a la producción y están preocupadas por no perder posiciones en la competencia hegemónica mundial, no como las latinoamericanas, que sólo se interesan por negocios financieros y carecen de voluntad de poder.