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Gran Bretaña orilla un golpe de estado con efectos mundiales

Las derrotas parlamentarias sufridas por Boris Johnson y su grupo de aventureros pueden inducirlos a violar la ley y buscar la legitimidad en las calles con apoyo de la Corona

por Eduardo J. Vior

Eduardo J. Vior

En la semana que pasó el primer ministro británico Boris Johnson fue derrotado en tres votaciones cruciales en la Cámara de los Comunes: primero, la mayoría quitó al gobierno la facultad de fijar la agenda de las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del país del bloque comunitario. Al día siguiente, una segunda ley determinó que el Reino Unido sólo se retirará de la Unión mediante un acuerdo, o sea que prohibió el “Brexit duro”, la salida al 31 de octubre sin ningún tipo de entendimiento. Finalmente, el jueves le bloqueó la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas, antes de que se firme un convenio con la UE regulando la salida. Curiosamente, la Cámara de los Lores la siguió sin chistar.

En comunicaciones informales con parlamentarios conservadores el viernes Johnson todavía insinuó la posibilidad de desconocer el mandato parlamentario y no pedir a Bruselas una postergación del Brexit, pero los laboristas inmediatamente le advirtieron que puede ir preso. Como a más tardar el  próximo jueves el Parlamento entra en un receso forzoso hasta el 12 de octubre, cuando la reina abra el nuevo período de sesiones, no podrá controlar lo que el jefe del gabinete haga hasta entonces. Sin embargo, entre sus ministros todavía quedan pruritos de legalidad. Los medios dan cuenta de que algunos de ellos expresan dudas y temores: «es difícil avizorar una salida para Boris Johnson. Da la impresión de haberse jaqueado a sí mismo”, dicen. El primer ministro podría, por ejemplo, presentar una moción de censura contra sí mismo, una táctica desconocida en el Parlamento británico. Si le sale bien, puede apresurar la convocatoria a elecciones. Si no, se acabó su carrera.

El primer ministro parece haber calculado que los laboristas caerían en la trampa de seguir su convocatoria a elecciones, pero los opositores lo aplastaron con una lógica abrumadora de sucesivas votaciones interconectadas.

Gran Bretaña se halla en una profunda crisis constitucional y política de la que el conflicto sobre el Brexit es sólo un síntoma. Desde hace 67 años está regida por Elizabeth II, quien a menudo ha hecho sentir su “poder moderador” sobre las instituciones para mantener un orden conservador y estamental a contramano de la modernización de su sociedad. Ahora tiene 93 años, pero insiste en intervenir en política, aunque ya no puede. Su sucesor, Charles, tiene ya 71 años y ninguna voluntad de asumir el trono. El hijo de éste,  William, finalmente, podría hacerse cargo a sus 35 años, pero la abdicación de un heredero no tiene antecedentes desde 1936 y en aquel entonces creó una crisis mayor.

El sistema electoral sigue rigiéndose por el principio de que “el que gana se lleva todo”, de modo que la mayoría relativa en cada distrito recibe la representación del total. De esta manera, millones de ciudadanos carecen de representación parlamentaria. Consecuentemente, desde el estallido de la crisis de 2008/09 los partidos tradicionales se han deslegitimado mucho y formaciones menores han recibido un gran ímpetu. Así, primero el UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido), que forzó en 2016 el referendo sobre el Brexit y el partido Pro-Brexit, que en la elección europea de mayo pasado sacó el 35% de los votos (ambos fundados sucesivamente por Nigel Farage) acumularon un caudal electoral sin otro programa que la salida de la UE, pero que impide estabilizar cualquier gobierno.

El gabinete que Boris Johnson preside desde el 25 de agosto pasado representa, en este contexto, el intento de un grupo de fascinerosos íntimamente vinculados con la más rancia oligarquía británica, para apropiarse demagógicamente de ese caudal electoral, dar un golpe constitucional e instaurar un Estado autoritario e imperialista con una máscara parlamentaria. Desde el exbanquero Sajid Javid, que devino Canciller del Tesoro, pasando por el secretario del Foreign Office Dominique Raab, quien alguna vez propuso que las escuelas públicas debían hacer negocios para financiarse, siguiendo por la secretaria del Interior Priti Patel, ligada a lobbies mineros e israelíes, continuando por el secretario de Justicia Michael Gove, administrador de las 18.000 hectáreas privadas de la soberana, hasta Matt Hancock, el secretario de Salud, que permanece en el cargo para privatizar el sistema nacional de salud, todos los miembros del gabinete de Johnson representan a grandes fondos financieros británicos y del Golfo, empresas de logística y transportes, de minería o similares, pero a ninguna productiva. Han llegado al gobierno, para hacer un gigantesco negocio financiero con lo poco que dejó Margaret Thatcher hace treinta años.

Pero van más allá: quieren eliminar los restos de derechos laborales, sociales, sanitarios y medioambientales que los británicos todavía tienen. Rechazan las regulaciones impuestas por la UE, su Carta de Derechos, la libre circulación de las personas y el control antimonopólico de Bruselas. En suma, es un grupo de saqueadores que se ha propuesto convertir a Gran Bretaña en una Australia europea, destruyendo las barreras protectoras que su pueblo erigió desde la Segunda Guerra Mundial y entregándola a la voracidad de las grandes corporaciones y de la alianza con EE.UU. Para ello necesitan romper radicalmente y sin acuerdo con la Unión Europea.

Los partidos opositores y los recientes tránsfugas del conservadurismo confían en detenerlos con medios legales y judiciales, pero de las centenarias tradiciones del reino este grupo sólo recupera la avidez y agresividad que en algún momento lo convirtieron en primera potencia mundial. No obstante, quizás prime el “sentido común” conservador y se sometan a las leyes y sus instituciones. Pero ya varias veces en su historia en situaciones de crisis severa la monarquía no ha tenido empacho en saltarse la Constitución y las leyes para salvarse. En las próximas semanas el poder se va a dirimir en las calles y en los medios. Dadas las encuestas recientes, en ese terreno el aventurero de 55 años puede llevar las de ganar. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn, quien en 2015 conquistó la conducción contra la dirigencia partidaria apelando a la movilización de las bases, deberá volver a las fuentes. Quien sea más arrojado vencerá.

Las consecuencias para el mundo y, en particular, para quienes sufrimos desde siempre la agresión británica, pueden ser terribles. Hay que prepararse para años muy negros.

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