El narcoestado ambiciona la energía de Brasil y Paraguay
La crisis por Itaipú, el intento del vicepresidente Velázquez de favorecer a la familia Bolsonaro y la privatización de Eletrobras son hitos de la desintegración de ambos países
por Eduardo J. Vior
Diez días después de haber estallado el escándalo sobre el ruinoso acuerdo que Paraguay firmó en mayo pasado con Brasil sobre el precio de venta de la energía de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, la crisis política paraguaya se agudizó el martes nuevamente con la difusión de un intercambio de tuits que el presidente Mario Abdo Benítez tuvo con el entonces director de la Agencia Nacional de Energía (ANDE), Pedro Ferreira, para obligarlo a firmar el documento. De este modo se confirma la complicidad del mandatario con el negociado, para pagar a la parte brasileña sobreprecios por la energía excedente y, sobre todo, para contratar directamente con una empresa ligada a la familia de Jair Bolsonaro la distribución de energía en el sureste del país vecino.
Luego de masivas protestas, las renuncias de cuatro altos funcionarios y un frustrado intento de juicio político, el gobierno de Asunción se está derrumbando por corrupción e impericia propia, pero también por la intervención de un consorcio de periodistas sostenido por George Soros.
Si bien en una entrevista radial dada este martes 6 el jefe de Estado paraguayo admitió que la firma del acuerdo sobre Itaipú “fue un error”, rechazó que los mensajes de WhatsApp dirigidos en mayo pasado a Pedro Ferreira implicaran que él hubiera ordenado al funcionario que firmara el contrato a sabiendas de las condiciones leoninas del documento. La polémica acta bilateral fue anulada por ambas partes la semana pasada ante la amenaza de un juicio político contra el jefe de Estado finalmente abortado por el acuerdo entre las facciones del Partido Colorado gobernante.
La crisis que estalló a fines de julio, cuando se conoció el acuerdo paraguayo-brasileño, fue inesperada no sólo, porque quien destapó la olla fue el expresidente de la Agencia Nacional de Energía (ANDE), sino por la masividad, radicalidad y difusión que alcanzó la protesta. El gobierno de Mario Abdo subvaloró la consciencia alcanzada por su pueblo y la anulación del acta bilateral no ha hecho más que intensificar la presión pública.
De acuerdo al Tratado de Itaipú de 1973 ambos países comparten por partes iguales la energía producida por la hidroeléctrica. Sin embargo, como Paraguay sólo consume el 15% del total, vende el 35% restante a su socio. Cada año ANDE presenta a Eletrobras (la empresa estatal brasileña de distribución de electricidad) el pedido de energía suplementaria que puede necesitar al año siguiente. Durante 35 años Paraguay aceptó precios risibles por su cuota de energía, pero en 2008, los presidentes Lula y Lugo acordaron una retribución mayor, porque Brasil necesitaba que Paraguay habilitara la construcción de dos turbinas más. Como en Itaipú se producen una potencia cara, cercana a los 40 dólares el MWh, y otra barata, de entre 5 y 6 dólares, Paraguay logró un precio que promedia los 27 dólares. De este modo pudo cobrar a los usuarios una tarifa muy económica. Sin embargo, en el acta firmada en mayo Brasil forzó a Paraguay a contratar una mayor proporción de la potencia cara que aumentaría todos los años hasta costar 34 dólares en 2022.
Habitualmente se menciona 2023 como plazo para que Brasil y Paraguay -50 años después-renegocien el Tratado de Itaipú, pero el crédito contraído para la construcción de Itaipú se cancela ya en 2022. Más tarde los costos de producción serán sustancialmente más bajos. O sea, que a Mario Abdo cabría todavía renegociar el tratado para el siguiente medio siglo (no se lo puede renovar antes de 2073). Por ello es que los próximos cuatro años serán de intensas presiones sobre el presidente y su gobierno. En ese período va a ser determinante saber si el vicepresidente Hugo Velázquez sigue o no en su cargo. Una intensa campaña del matutino Última Hora con la colaboración del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés) lo tiene como blanco. Por elevación, los disparos llegan también a Mario Abdo y su padrino brasileño, Jair Bolsonaro.
Desde su ingreso al Ministerio Público como fiscal del crimen en la década del 90 hasta su ascenso a vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno pasó la mayor parte de su vida pública esquivando denuncias de corrupción. Nacido en 1967, Velázquez se afilió a la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del Partido Colorado) en 1986. En la función pública fue asesor jurídico de la Itaipú Binacional, fiscal del crimen y desde 2003 fiscal adjunto. En esta última función fue asignado a Alto Paraná (el departamento cuya capital es Ciudad del Este y donde se encuentra la represa binacional), donde comenzó a amasar poder y acusaciones de corrupción. Como jefe de los fiscales de Alto Paraná, Velázquez armó un equipo propio en el que integró a Juan Carlos Duarte, ahora asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), su hombre de confianza.
Fue Última Hora el medio que el pasado viernes 2 publicó los mensajes de WhatsApp entre el presidente y el exjefe de ANDE, así como reveló las presiones del vicepresidente para que se favoreciera a una empresa brasileña cercana a la familia Bolsonaro con un contrato directo para la distribución de la energía de Itaipú en el sureste de Brasil, en detrimento de la estatal Eletrobras. En efecto, en el marco de la causa penal abierta por la firma del acta bilateral, el entonces presidente de ANDE, Pedro Ferreira, entregó como evidencias una serie de mensajes y conversaciones que mantuvo con José Rodríguez González (27), un abogado que se presentaba como asesor del vicepresidente Hugo Velázquez.
Las conversaciones por WhatsApp muestran que Rodríguez González no sólo se presentaba como la mano derecha del vicepresidente, sino también como gestor del negocio entre ANDE y la comercializadora brasileña Leros. El joven incluso aseguró a Ferreira que dicha empresa pertenecía a Jair Bolsonaro. El objetivo de la empresa brasileña era conseguir la exclusividad en la compra de la cuota de potencia de Itaipú que pertenece a ANDE. Por ese motivo, y para eludir a la competencia, se excluyó del acuerdo firmado en mayo el ítem 6 que permitía ANDE vender previa licitación más de 300 megavatios (MW) de potencia en el mercado brasileño. Ya previamente la Compañía Paranaense de Energía (Copel) y la Compañía Energética de Minas Gerais (Cemig) habían mostrado interés en la potencia paraguaya. Como ambas comercializadoras son más grandes que Leros, está claro por qué se omitió en el documento la obligación de licitación pública.
La crisis en Paraguay coincide con la decisión adoptada el 1º de agosto por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, de iniciar la venta de acciones de la estatal Eletrobras, responsable por la comercialización de un tercio de la energía eléctrica que se consume en Brasil. La privatización de la empresa brasileña y el debilitamiento de su socia paraguaya atarían las manos de Itaipú Binacional y liberarían un mercado gigantesco, después de que la cancelación de su deuda originaria en 2022 baje los costos de producción y aumenten los réditos de la central.
Las investigaciones de Última Hora apuntan asimismo contra el comandante de la Armada Paraguaya, el almirante Carlos Dionisio Velázquez Moreno, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por la implicación de efectivos navales en el contrabando de tabaco, drogas, armas y maderas por los 261 puertos ilegales ubicados en las márgenes del lago de Itaipú. El almirante Velázquez había sido pasado a retiro por el expresidente Horacio Cartes, pero fue reincorporado por el gobierno actual. El desmantelamiento de Itaipú, ANDE y Eletrobras y el dominio que el tráfico de drogas y armas ha alcanzado en las Tres Fronteras con la tolerancia cómplice de los efectivos norteamericanos e israelíes que operan allí son una y la misma cosa. Se trata de un proyecto neocolonial para la destrucción de los estados nacionales en la Cuenca del Plata.
Es llamativo que Última Hora esté realizando su campaña de denuncias con el apoyo del ICIJ, que se hizo famoso en 2016 con los “Panama Papers”. Este consorcio internacional de periodistas, con sede en Washington, está, entre otros, financiado por la Fundación por una Sociedad Abierta (OSF, por su nombre en inglés), de George Soros, y por Pierre Omidyar, fundador de eBay y del sitio web The Intercept, que recientemente adquirió gran notoriedad en Brasil por la revelación de la intromisión de Sergio Moro en la preparación del Lava Jato.
Ni Soros ni Omidyar dan puntada sin hilo. Si han intervenido en Paraguay contra la maniobra del narcoestado que busca desmantelar Itaipú y dominar el mercado energético regional, es porque quieren bloquear la maniobra del vicepresidente norteamericano Mike Pence y sus secuaces “cristianos sionistas” en EE.UU., Brasil y Paraguay para anarquizar América del Sur. No los mueve la solidaridad internacional, sino la necesidad de ganar las elecciones norteamericanas de 2020.
Mientras tanto, todos esperan el resultado de las elecciones en Argentina y siguen especulando con la inestabilidad de Paraguay. En este juego del Go sólo falta que se muevan las fichas en Brasil, para decidir si el narcoestado vencerá o si nuestro continente tendrá una chance más.
