El goteo del lavadero puede inundar Brasil y desbordar
Con la creciente condena de los medios brasileños concentrados a la destrucción económica acarreada por el Lava Jato la lucha por el poder entra en una nueva etapa
por Eduardo J. Vior
Cuando João Carlos Saad, presidente de la red Bandeirantes, denunció el viernes 21 la destrucción de empresas causada por el Lava Jato, estaba en realidad reclamando una mayor parte de poder para la elite paulista y el fin de las persecuciones contra empresarios. En el actual contexto recesivo interno y de confrontación internacional, empero, lejos de abrirse para aumentar su legitimidad, el régimen brasileño se está cerrando y radicalizando sus políticas con riesgosas implicaciones para la región.
Celebrando los 18 años de la fundación de su grupo –hoy la tercera red de noticias del país- el empresario paulista se quejó por los daños que las persecuciones judiciales recientes han infligido a grandes grupos económicos brasileños. Ya el jueves 20, en asociación con el sitio The Intercept Brasil, en la FM BandNews (del mismo grupo) el periodista Reinaldo Azevedo publicó nuevas escuchas al exjuez y actual ministro de Justicia y Seguridad Sergio Moro que muestran que en marzo de 2017 el entonces magistrado manipuló las indagaciones fiscales al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para poder condenarlo más tarde. Azevedo también exigió que el Supremo Tribunal Federal (STF) anule completamente el proceso por el tríplex de Guarujá que supuestamente Lula habría recibido de regalo de un empresario a cambio de favores.
Con esta nueva revelación y el reclamo de Saad quedó seriamente cuestionada la estrategia defensiva de Moro quien, al presentarse el miércoles 19 ante una comisión del Senado federal, reclamó al periodista norteamericano residente en Rio de Janeiro Glenn Greenwald que pruebe la veracidad de las escuchas que publicó el domingo 9 en The Intercept y demuestre la identidad de las personas escuchadas.
Desde que Greenwald dio a conocer las grabaciones de las conversaciones que el entonces juez mantuvo en 2016 y 2017 con el fiscal de Curitiba Deltan Dallagnol, para direccionar la acusación contra Luis Inácio Lula da Silva, versiones encontradas azotan el paisaje mediático brasileño. Aprovechando que los intercambios se produjeron en la red Telegram, con sede en Dubai, aunque de propiedad de los millonarios rusos Nikolai y Pavel Durov, el argumento principal contra las escuchas fue que habrían sido filtradas por la inteligencia rusa a instancias de Edward Snowden, el hoy refugiado en Rusia que en 2012 entregó a Greenwald sensible documentación sustraída a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su nombre en inglés) norteamericana. Sin embargo, ante el requerimiento del sitio Duplo Expresso, Telegram negó haber sufrido filtraciones y confirmó su proverbial encriptamiento.
En realidad, Greenwald no goza de buena afma. El sitio Intercept, cuya filial brasileña el periodista fundó en 2013, fue creado en EE.UU. a partir de un fondo de 250 millones de dólares donados por el multimillonario Pierre Omidyar, fundador de eBay, con lo que su intención crítica y su independencia quedan en cuestión. Asimismo, en un reportaje que el periodista brasileño Pepe Escobar (residente desde hace muchos años en distintos países asiáticos) hizo la semana pasada a la activista norteamericana Sibel Edmonds, ésta caracterizó a Greenwald como un “mercenario mediático” que hacia 2008/09 habría hecho campaña por cuenta de los demócratas a favor de un proyecto de ley para resguardar los secretos de la información que el Estado dispone sobre sospechosos de terrorismo, para dos años más tarde acercarse a los “libertarios” económicos que rechazan toda injerencia estatal en la economía, o sea el extremo opuesto del espectro poítico. Cuando Greenwald defendió a Edward Snowden hacia 2012, fue tan avaro en la difusión de la información recibida que su defendido, completamente desprotegido, prefirió refugiarse en Rusia. Greenwald dista entonces de ser un abanderado de la libertad de expresión y la filtración de las escuchas parece más bien servir a la profundización del golpe, desplazando a Sergio Moro y remplazando al presidente Jair Bolsonaro por su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Por lo pronto, los mayores medios paulistas y la Orden de Abogados de Brasil (su representación corporativa) ya han pedido la cabeza del ministro.
Para entender el entramado, es bueno recapitular un poco. El golpe contra Lula, que ya comenzó con las movilizaciones de 2013 contra la suba de las tarifas del transporte urbano, se continuó a partir de 2015 con la campaña contra Dilma que condujo a su deposición por juicio político un año más tarde y al procesamiento de Lula por corrupción y su encarcelamiento en 2018, tuvo su razón de ser en la ofensiva angloholandonorteamericana para quedarse con el petróleo submarino de Brasil (el llamado “pre-sal”) y destruir Petrobras. De este modo se bloqueó el acceso de empresas chinas (que ya habían ganado la primera licitación) a la explotación del pre-sal.
El apoderamiento de Petrobras también se dirigió a debilitar la competitividad de la producción agropecuaria brasileña, ya que el monopolio de la empresa estatal aseguraba bajos precios para los combustibles, los fertilizantes, los herbicidas y la logística entera del sector. Al aumentar artificialmente los costos de los productos agropecuarios brasileños, EE.UU. concentró las ventas de estos productos a China con la intención de someter al país asiático e imponerle una subordinación permanente.
Este predominio está reforzado en el poder brasileño, por un lado, por la influencia del lobby pentecostal que asegura el vínculo con EE.UU. e Israel. Por el otro lado y en competencia con el primero, está la facción “gaúcha” de los militares, es decir, aquellos generales que tuvieron mando en guarniciones de Rio Grande do Sul donde fueron intensamente adoctrinados por el filósofo Denis Rosenfield, un exsocialdemócrata devenido furioso sionista. El jefe de este grupo militar sería el general Sergio Etchegoyen, quien durante la presidencia de Michel Temer (2016-18) ocupó la secretaría de Seguridad Institucional y seguiría influyendo allí por medio de su antiguo subordinado, el General Valério Stumpf, quien todavía cumple funciones en el área y sobre el que se rumorea que está estrechamente vinculado al Comando Sur de EE.UU.
Gracias a decretos presidenciales recientes el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) controla toda la inteligencia del Estado, las designaciones dentro del Ejecutivo, así como la política exterior y de defensa. De ese esquema depende también el ministro Sergio Moro. Sin embargo, la radicalización dictatorial del gobierno –con Bolsonaro o con su vice Mourão- requiere detonantes externos. Para esto puede servir el escándalo en torno al ministro Moro. Sea mediante la tesis de la infiltración rusa o deponiéndolo, para acabar con el Lava Jato (por supuesto, sin liberar a Lula), la crisis ofrece una excelente oportunidad para la instauración de un régimen militar apenas encubierto.
Claro que la jugada es compleja e incluye a demasiados actores cuyas reacciones son imprevisibles. Si, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal se animara a liberar a Lula, saltaría todo el tablero. También puede suceder que el grupo militar dominante se niegue a negociar con la elite paulista y ésta se vuelque a la oposición. Finalmente, es probable que Bolsonaro y su familia resistan la arremetida militar. En cualquiera de estos casos la crisis puede estallar y sus violentas repercusiones traspasar las fronteras. El goteo del lavadero de autos puede inundar la región.
